Las principales operadoras de tarjetas del país, a través de un acuerdo privado entre las cámaras del sector y el Gobierno, transferían $ 5.000 millones de sus ganancias a los comerciantes, ya que resignan parte de sus comisiones por las compras con crédito y débito que cobran a los comercios, y que éstos trasladaban a sus clientes. El Gobierno ahora espera que ese menor costo se refleje en una baja de los precios al consumidor final.

Las rebajas llegarán tras este acuerdo al 1,8% para crédito y 0,8% para débito, desde los actuales 3% y 1,5% respectivamente. Nadie sabe qué ocurrirá si el Congreso toma otro camino con una nueva ley para regular el sector.

De todas maneras los cambios serán graduales (a cuatro años) y comenzarán a verse desde el mes que viene con un descenso a 2,5% (crédito) y 1,2% (débito). En 2018 se pasará a 2,35% y 1,1%; en 2019, a 2,15% y 1%; en 2020, a 2% y 0,9% y, finalmente, en 2021, a 1,8% y 0,8 por ciento, según informó el Ministerio de Producción.

«Habrá una transferencia de $ 5.000 millones de las operadoras de tarjetas a los comerciantes. Luego dependerá de los comercios si deciden sacrificar rentabilidad en aras de bajar precios», afirmó el ministro de Producción, Francisco Cabrera.

En la actualidad, por una compra con tarjeta de crédito, de cada 100 pesos, cerca de $ 3 van a los operadores financieros. Generalmente, ese costo extraordinario lo terminan pagando los consumidores. Aunque no lo diga abiertamente, el Gobierno espera que haya más competencia y menos costos en el comercio para que esto se traduzca en precios más bajos.

Como siempre sucede en este país, habrá que ver una vez que esta decisión empiece “a caminar” para ver qué impacto tiene sobre los precios, porque es habitual que lo que se supone un ahorro para los clientes termina en los bolsillos de los vivos que encuentran la manera de “esquivar” las normas vigentes.