En el marco de la Causa Vicentin, el juez penal Nicolás Foppiani dictó la prisión preventiva por 120 días para cuatro exdirectivos de la empresa agroexportadora: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti. La medida tiene una prórroga automática en caso de que se tenga que ampliar la acusación de los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja.

La causa investiga los delitos de estafas y asociación ilícita y tiene como implicados a 19 exdirectivos de Vicentin, cuatro de los cuales seguirán en prisión mientras avanza el proceso judicial. Este sábado por la tarde finalizó la extensa audiencia de imputación que comenzó el jueves y continuó el viernes en los tribunales de Rosario.

La medida había sido solicitada por la Fiscalía de Delitos Complejos del MPA, que lleva adelante la acusación.

Según el MPA, la asociación ilícita tiene como jefes a Daniel Néstor Buyatti; Alberto Julián Macua; Omar Adolfo Scarel y Roberto Alejandro Gazze. El resto de los imputados son partícipes y miembros (y beneficiarios) de esa organización.

Estos son: Máximo Javier Padoan, Cristian Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo Boschi, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colomba Bosch, Javier Fernando Gazze, Miguel Victor Vallaza, Carlos Alecio Sartor, Daniel Oreste Foschiatti, Fernando Estanislao Bougain, Diego Ceferino Boschi, Alberto Dimas Padoan y Facundo Persoglia.

Roberto Gazze y Daniel Buyatti, dos de los exdirectivos de Vicentin que están bajo proceso judicial.

Las detenciones de los ex directivos de Vicentin –concretadas la semana pasada- fueron ordenadas por la Fiscalía de Delitos Económicos, donde desde 2020 hay una investigación abierta contra la mesa ejecutiva que gerenció la empresa que nació en Avellaneda, en el norte de la provincia de Santa Fe.

La causa es por estafa y asociación ilícita. A fines del año pasado, el fiscal Miguel Moreno pidió penas de hasta 17 años para varios directivos, entre los que se encontraban Buyatti, Macua, Gazze y Scarel. En mayo de 2023, cuando la fiscalía imputó a estos ejecutivos, planteó que conformaron una asociación ilícita destinada a la “planificación y comisión de una pluralidad de delitos”, entre los que se encuentran defraudación, estafas y administración infiel.

Este nuevo capítulo surgió a partir de la documentación que presentó un grupo de accionistas minoritarios de la empresa que pedían ser querellantes. La justicia rechazó ese planteo, pero la Fiscalía de Delitos Económicos analizó la información que presentaron y abrió una investigación sobre el uso de fondos que hacían directivos de la agroexportadora para solventar gastos personales, como, por ejemplo, el pago de honorarios a sus abogados, por un valor estimado de 1,5 millones de dólares. Se detectó también que facturaban viajes en avión de una aeronave que era de la compañía.

Los accionistas minoritarios, muchos de ellos con el mismo apellido de los fundadores de la agroexportadora, fueron quienes acercaron esa información. “Los datos estaban en el expediente. Lo que hicimos nosotros fue detectar una serie de irregularidades en desmedro de la empresa”, afirmó una fuente ligada a una de las familias fundadoras.