El fiscal y el querellante solicitaron 25 años de prisión para el cura Juan Diego Escobar Gaviria, quien está imputado por promoción de la corrupción agravada de menores (tres casos) y por abuso sexual agravado (un caso) en la provincia de Entre Ríos.

El juicio se sustanció en los tribunales orales federales de Gualeguay y los hechos se conocieron a partir de una investigación de la revista Análisis, en la que se relataba que las primeras en hacer una denuncia fueron dos religiosas del Colegio Castro Barros San José, quienes el año pasado se presentaron ante el defensor oficial de Nogoyá, Oscar Rossi, y acusaron al sacerdote de abusar a una menor de once años.

«Acá estamos hablando de un daño psicológico que provocó en las víctimas, que es peor que el homicidio. Estamos hablando de daños que quedan en forma permanente, de por vida, algo que fue planteado por los peritos», subrayó el fiscal Federico Uriburu, que actúa junto a Dardo Tórtul.

En tanto, los abogados defensores del cura, Milton Ramón Urrutia, Juan Pablo Temón y María Alejandra Pérez pidieron su absolución y aseguraron que la acusación al cura responde a una «conspiración política» y a la actitud de las familias que apuntan a conseguir dinero en el enjuiciamiento al ex religioso.

La Iglesia, a través del arzobispo Juan Alberto Puiggari, le ordenó el año pasado a Escobar Gaviria que deje su función de párroco, abandone Lucas González y busque refugio en una casa religiosa. En paralelo, abrió una investigación diocesana, enmarcada bajo el apartado del Código de Derecho Canónico que sanciona los «gravioribus delictis», o sea los delitos más graves. El juicio al ex sacerdote es el primero por abuso eclesiástico que se lleva a cabo en la provincia de Entre Ríos.