Es común escuchar que muchos funcionarios son escrachados por los medios y maltratados por la opinión pública una vez que dejan sus cargos, esto se debe a razones casi siempre vinculadas a la malversación de fondos públicos y a alguna que otra «agachada» para sacar ventaja económica, pero pocas veces se da que el funcionario se portó muy mal con el Estado antes de arrancar en su cargo…

El caso que nos ocupa sucedió en Sastre, departamento San Martín, en nuestra provincia, donde el Concejo Municipal rechazó la incorporación de Albino Moreno, del Frente para la Victoria, y aprobó que en su lugar ingrese Eva Antonia Lucero, quien ocupaba el segundo puesto de la lista.

La decisión que contó con tres votos a favor y dos en contra se fundamentó en la «incompatibilidad manifiesta» de Moreno para ocupar la banca debido a una deuda que hace tiempo mantiene con el municipio.

Después de casi un año sin sesionar por una disputa entre Moreno y el edil del Frente Progresista Oscar Cagliero por la presidencia del Concejo, cuando volvieron a verse las caras la tensión regresó al recinto y tuvo su pico máximo a partir de un informe remitido por la Municipalidad donde se detalla que el edil del PJ adeuda $ 40.000 en concepto de facturas de servicios y contribución por mejoras.

De esta manera en una sesión especial convocada por el oficialismo con los tres votos de los concejales del Frente Progresista se aprobó la incorporación de Lucero, quien juró en un acto cumplido en la sede del Cuerpo Legislativo.

Semanas atrás el Ejecutivo a cargo de María del Carmen Amero (FPCyS) giró un mensaje al Concejo indicando que Moreno ofreció $ 14.000 para saldar la deuda que superaba los $ 40.000 y que ya generó una instancia legal por parte de la I

Intendencia.

Moreno en su momento había presentado a través de su abogado una impugnación de la deuda y reconocía que tras la «cancelación de varios rubros» lo que debía apenas superaba los $14.000. Además -de acuerdo al documento remitido desde el municipio- el edil manifestó haber pagado, pero que «no contaba materialmente con los comprobantes correspondientes al período reclamado en la demanda», lo que desde el Ejecutivo se tomó como un «reconocimiento expreso» de lo que se reclama.

Algo similar en Esperanza

En fin, estamos en Argentina, donde todo es posible y algunos se agarran de cualquier cosa para hacer política. Hace varios años el radicalismo esperancino y un par de comunicadores pagos armaron una campaña para desprestigiar a Rubén Geese, concejal del PDP, a quien quisieron privarlo de la banca ganada por el voto popular porque su empresa (Ferma) atravesaba problemas económicos y supuestamente había emitido cheques sin fondos.

La jugada sucia del fascendinismo y de un par de comunicadores que ahora se quieren presentar como independientes cuando en verdad eran empleados a sueldo del poder político, finalmente quedó en la nada, pero hay que tener memoria, porque hay gente que es capaz de todo.