La fiscal del Ministerio Público de la Acusación, María Laura Martí, confirmó que más de un centenar de policías están en la mira por supuestas irregularidades en la utilización de las llamadas Horas Ospe (orden de servicio de policía extraordinaria), situación que generó un nuevo tembladeral en la fuerza provincial. Además reconoció que recibido intimidaciones.

Detalles

El nuevo escándalo de corrupción institucional refiere a la utilización de una especie de «horas extras» o «adicionales» sobre el cual se habrían detectado manejos irregulares durante el período 2015 – 2016. «Son los denominados delitos contra la administración pública»; dijo.

También se molestó porque la información tomó estado público mientras ella todavía analiza datos. «Por las medidas que se están llevando a cabo es preferible para los fiscales mantener cierta reserva, porque cualquier filtración de información entorpece. Y lo que todos queremos y nos merecemos, tanto ustedes como los ciudadanos, es saber la verdad. Y cuando se entorpece la investigación no se llega a la verdad como se debe», aseveró.

Por último, la fiscal reconoció que si bien «no es fácil llevar adelante esta clase de delitos, cuento con el apoyo de nuestro jefe regional (Carlos Arietti) y asimismo del superior, del fiscal general (Jorge Baclini), pero tengan en cuenta que uno es un ciudadano común, no tengo fueros, y que uno vive como puede como todos ustedes y encima investiga y hace lo que a uno le gusta por pasión».

– ¿Ha recibido intimidaciones?

– No en forma directa, pero sí, me han llegado comentarios, presiones, y hay que saberlas llevar porque es el trabajo de uno y es el compromiso que uno tiene con la sociedad.

Respaldo institucional

El fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación, Carlos Arietti, sostuvo que «en las maniobras estaría involucrado personal policial de distintas jerarquías… Se continúa la evaluación de elementos de sospecha que pueden desembocar en las citaciones para audiencias imputativas con las correspondientes atribuciones respecto de las presuntas comisiones de delitos de la administración pública».