La familia de un médico acusado de abuso sexual reclama que, desde su detención en junio del año pasado, el Estado o les cortó la obra social. A través de un comunicado de prensa, el grupo “Justicia por Miguel“ aseguró que se dejó “en una desesperante situación de desamparo“ a los hijos y esposa del profesional de la salud.

Miguel Ángel Marchisio se desempeñaba como médico en San Jerónimo Norte -donde además residía- y prestaba servicios en Las Tunas y en el 107 de Esperanza, antes de ser detenido el 26 de junio de 2020.

Desde entonces permanece privado de su libertad y en octubre, los fiscales María Celeste Minniti y Alejandro Benítez presentaron la acusación formal por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante“  y “abuso sexual simple“ en perjuicio de dos pacientes de 15 y 16 años.

El grupo “Justicia por Miguel“, creado por personas afines al médico que creen que su detención se debe a “denuncias falsas“, anunció que “en cumplimiento del deber de ciudadanos de reclamar se haga Justicia ante los supuestos errores de la fiscalía, y en una primer instancia, se dispuso la presentación de notas a Autoridades Provinciales de los tres poderes del Estado“.

Además, manifestaron su “indignación” al enterarse que “el Dr. Miguel Ángel Marchisio fue despedido de su trabajo y consecuentemente dado de baja de su obra social, dejándose así en una desesperante situación de desamparo a la familia que integran además su esposa y sus dos hijos”. Se refieren al cargo público que ostentaba el profesional, por el cual estaba afiliado al Iapos.

“Me sacaron todo”

Su esposa dijo que “acá pusieron una bomba en mi casa y se borraron todos. Me cortaron el sueldo de él, que era el sostén de la familia, y con eso la obra social”.

“Me sacaron todo, yo soy docente y con mi sueldo no alcanza, mis hijos tuvieron que salir a trabajar. Me enteré ahora que hace un año que no tenemos obra social”, reclamó.

La causa

La investigación contra Miguel Ángel Marchisio está concluida y a la espera de juicio desde el 9 de noviembre pasado, cuando el juez penal Jorge Patrizi dispuso la constitución del tribunal que presidirá el debate. Oportunamente, en la audiencia preliminar, la defensa a cargo del abogado Raúl Ochoa y Gómez había solicitado el sobreseimiento del médico, el cual no le fue concedido.

Los hechos atribuidos datan de octubre y diciembre de 2019, cuando el profesional debió atender a dos adolescentes en el Centro de Asistencia Médica (CAM) de San Jerónimo Norte. «Eran dos niñas que estaban en un estado de extrema vulnerabilidad», señaló la fiscalía, situación de la cual Marchisio se aprovechó.

Patrizi no sólo admitió la calificación legal escogida por la parte acusadora, sino también la pena solicitada: 8 años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer su profesión.

El párroco

Numerosas veces los abogados defensores intentaron que Marchisio recupere la libertad, incluso hubo una marcha encabezada por el polémico párroco Jorge Montini, que habló de “la dictadura del feminismo”, además de confesar los turbios “manejos” de la Iglesia católica.

Pese a ello, debido a los indicios reunidos por el fiscal Alejandro Benítez y a los testimonios de las víctimas, el juez se negó en todas las oportunidades y dispuso que siga preso mientras se aguarda por el juicio.