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El peor legado: asentamientos son un refugio para delincuentes locales y foráneos

Parece la historia de nunca acabar: tras alguna amenaza o robo, todas las miradas se posan sobre los asentamientos de la ciudad, hasta donde llega la policía y detiene al o los autores, que por lo general debido a las leyes laxas que tenemos recuperan la libertad en cuestión de horas o días, volviendo a ponerse en marcha este círculo vicioso.

De acuerdo a estadísticas oficiales y a todos los datos que publicamos en exclusiva en este portal cada vez que se comete algún ilícito contra las personas o los bienes, más del 80% de los responsables reside en La Lona -extremo sur de la ciudad- o en el asentamiento oeste, cercano a las vías.

Debemos hacer una salvedad importante: la mayoría de quienes habitan en condiciones muy precarias en esos lugares son personas de bien, que por no poder pagar un alquiler terminaron ahí pero tienen un trabajo fijo -por lo general “en negro”- o se las rebuscan haciendo changas o como peones de albañil.

Ellos mismos marcan a los que viven de lo ajeno y a los que comercializan drogas, pero no pueden hacer nada porque reina el temor, manda el más fuerte… Como en la selva, pero en una ciudad que supo ser ejemplo en varios aspectos.

Sin querer hacer un revisionismo que escapa al objetivo de este artículo, está claro que durante muchos años la anterior gestión municipal permitió el avance de estos espacios y hasta colaboró con la gente que llegaba de otras ciudades y pueblos.

Fue un grave error, porque plantaron la semilla para el desmadre de hoy… Dejaron y alentaron que crezcan estos espacios sin control y ahora resulta muy complejo ponerle coto a este “viva la pepa”.

Con tanta gente viviendo en ambos asentamientos la salida no es sencilla, debido a que las leyes -como señalamos- tampoco acompañan.

De todas formas sabemos que por estos días existen reuniones de especialistas de distintas áreas para encarar una batería de medidas, que podrían pasar por realizar un gran censo entre quienes ocupan un lugar en esos asentamientos, de manera de separar la paja del trigo, chequear documentación, antecedentes y requisar viviendas.

Más allá de la decisión política que existe, será fundamental que la Justicia acompañe permitiendo estas acciones -porque no faltará el político o abogado que presentará un recurso para “proteger los derechos” que supuestamente se vulneran- y la policía intensifique los controles, como por ejemplo estableciendo puestos de control semi permanentes en las adyacencias, para que los que viven de lo ajeno terminen cansándose y emigrando.

Algunos dirán “mano dura” y otros “ajustar los tornillos”, pero es evidente que todas las medidas serán bienvenidas si el objetivo es acotar las consecuencias de este nefasto legado que hoy padecemos el 99% de los habitantes de esta hermosa ciudad.