Política

Duro comunicado de Bonvin y Puig sobre la intervención de Vicentin

Los concejales del bloque Juntos por el Cambio – Cambiemos, Guillermo Bonvin y Mariano Puig, presentaron un Proyecto de Minuta de Declaración en el que manifestaron su repudio y preocupación frente a la intervención por parte del Estado nacional al Grupo Vicentin. A continuación lo compartimos de manera textual:

El 8 de Junio, el gobierno anunció que, por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), decidió intervenir las empresas que lidera Grupo Vicentin. Frente a esto, la oposición no dudó en “alzar la voz” y hacer eco de que se trataba de una medida totalmente ilegal e inconstitucional, debido a que las facultades del Poder Judicial en tal sentido se ven avasalladas. Asimismo, se deteriora la seguridad jurídica y la confianza en nuestras instituciones, condiciones indispensables para que haya inversiones y generación de riqueza y trabajo genuino en nuestro país.

Como consecuencia de esto, el gobernador Perotti respaldó la estatización de Vicentin como “resguardo de los intereses de los santafesinos”.

Sin dudas, este accionar innecesario y poco republicano constituye un peligro real y concreto de consecuencias impredecibles para toda la sociedad argentina. Además, deteriora la confianza en el país y cierra la puerta a las inversiones necesarias que en este momento nos hacen tanta falta para salir de la crisis por la cual estamos atravesando.

La medida adoptada es un primer paso que tiende a estatizar el mercado agropecuario, donde se repiten experiencias anteriores, las cuales nos terminaron costando muy caras a nivel país. En efecto, no puede desconocerse que el kirchnerismo ya tiene experiencia en expropiar empresas por simple decreto, tal como sucedió con YPF, Ciccone, Aerolíneas Argentinas y Aguas Argentinas, con un discurso triunfalista, que finalmente terminó costando miles de millones de dólares en juicios y pérdidas irreparables.

En conclusión, la creación de esta nueva figura de “Intervención Estatal de Empresas”, inexistente hasta ahora, viola la propiedad privada consagrada en la Constitución; al mismo tiempo, que logró pasar por encima la autoridad legítima que tiene el juez a cargo del concurso de acreedores del Grupo Vicentin, cuya función también es la de garantizar los derechos de los acreedores y deudores de la empresa.

Entonces nos preguntamos, ¿Qué seguridad tiene el resto de las empresas argentinas que hoy se encuentran al borde de la supervivencia, a raíz de las restricciones impuestas durante el aislamiento social obligatorio, de no ser ilegalmente apropiadas por un Estado que deja en evidencia no tener límites?