Avanza la causa que involucra a personal de Comisaría Primera y a un civil. Gerardo Sánchez se hizo cargo de las imputaciones pero consensuó con las fiscales y el juez una pena que no es de cumplimiento efectivo.
La sociedad esperancina todavía se muestra conmocionada por los hechos de corrupción que las fiscales María Laura Urquiza y Mariela Jiménez sacaron a la luz con diversas pruebas, entre ellas escuchas telefónicas y filtraciones de mensajes vía Whatsapp.
En una investigación profunda y detallada Edición Uno el viernes hizo públicos detalles de la causa, como por ejemplo los pedidos de coima para favorecer a delincuentes, la falsificación de actas, la participación de un policía honesto que denunció a su jefe en Comisaría Primera y, en especial, los nombres y apellidos de todos los detenidos, porque hasta ese día sólo se conocían las iniciales y algunos hasta brindaron datos de policías que nada tienen que ver con el expediente que se tramita en los tribunales santafesinos.
Vale recordar que en primera instancia fueron detenidos el jefe de la 1º Zona de Inspección y ex responsable de Comisaría Primera, comisario Jorge Bordiga; quien se encargaba de los sumarios, Gerardo Sánchez: y los flamantes jefes de Comisaría Primera, subcomisario Miguel Ángel Monzón y comisario María Carolina Montalbetti.
También cayó el esposo de esta última por negarse a entregar un celular en el momento en el que Asuntos Internos apresó a su mujer. Se trata del sargento Juan Pablo Pedrozo, que en la fuerza está en disponibilidad por una causa del año 2012 cuando cumplía funciones en Rafaela.
Finalmente el jueves hubo más allanamientos, en este caso en viviendas particulares, donde llevaron esposados a Franco Cornejo, Guillermo Bocaturo, Juan Moreyra y Miguel Acuña, encargados de Operaciones, área “de calle” en la que debían trabajar algunos hechos denunciados en Comisaría Primera.
Acordó enseguida
“Bicho” Sánchez, ex encargado del Destacamento La Orilla y ladero del comisario Bordiga en Comisaría Primera, asesorado por el prestigioso abogado santafesino José Mohamad, aceptó las acusaciones de las fiscales -peculado (apoderarse de elementos ajenos que estaban a su resguardo) y violación de pruebas y documentos- y consensuó una pena de tres años en suspenso, por lo que el mismo viernes recuperó definitivamente la libertad.
¿Qué significa una medida de este tipo? Sánchez asumió su culpabilidad y recibió una condena, por lo que ya no pertenece más a la policía santafesina, por más que la baja en cuanto a papeles demore unos días y que recién mañana terminen de rubricar la documentación vinculada a este caso que quedará cerrado.
Nunca más podrá ser miembro de la fuerza, es un desempleado más, pero evitó quedar en disponibilidad durante bastante tiempo hasta que se llegue a un juicio oral donde es altamente probable que reciba una pena mayor y de cumplimiento efectivo, ya que las fiscales consideran que era uno de los engranajes en la cadena de complicidades que describen como asociación ilícita.
El supuesto jefe
En el Ministerio Público de la Acusación consideran que el comisario Jorge Bordiga era el jefe de un grupo que abusando de su autoridad “recaudaba” de diversas formas.
Si bien las doctoras Urquiza y Jiménez tendrán que probar las imputaciones, por ahora el juez le dio credibilidad a esa acusación porque el único que quedó preso precisamente es Bordiga, ya que Montalbetti, Monzón y Pedrozo están libres pero el proceso judicial en su contra continúa. Su suerte se definirá en los próximos meses.
Respecto a los últimos detenidos, Cornejo, Bocaturo, Moreyra y Acuña, también los acusan de graves delitos, pero recién hoy se definirá si esperarán el juicio en libertad o el magistrado determina que pueden entorpecer la investigación y decide que permanezcan tras las rejas.
Uno de los ejemplos
Durante las audiencias las fiscales mostraron buena parte del material reunido que perjudica a los policías y un tenso momento se vivió cuando se “ventiló” el caso de un ladrón que asaltó a mano armada a varias víctimas en Esperanza… El comisario Bordiga habría enviado mensajes y hasta a un grupo de civiles al domicilio del malviviente para que entienda que lo mejor para su suerte era que “ponga 40.000 pesos” .
A cambio prometía acomodar el sumario. “Yo tengo que responder arriba, le tengo que pagar a mi jefe”, habría escrito Bordiga en una conversación de Whatsapp, según manifestaron las referentes del Ministerio Público de la Acusación.
Las fiscales están convencidas que existía una organización que se dedicaba a sustraer elementos de expedientes en los que sabían que los involucrados no iban a reclamar su devolución, también aparentemente presionaban a jóvenes vinculados al mundo del delito para que repartieran sus “ganancias” a cambio de “protección”.