Anoche en la oficina de Habilitación de la Jefatura de la policía santafesina que funciona en el edificio del Ministerio de Seguridad -1° Junta al 2800-, oficiales y suboficiales de la dirección de Asuntos Internos junto a efectivos de la PSA ejecutaron un allanamiento ordenado por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Roberto Apullán. El objetivo fue secuestrar documentación referida a la causa de defraudación al Estado y asociación ilícita que involucra a tres policías y cinco civiles.

En ese lugar buscaron datos de las finanzas y los movimientos realizados por los responsables, entre ellos José María Leiva, quien primero manejó el dinero en la Unidad Regional XI de Las Colonias y hacía tiempo que cumplía esa misma función pero abarcaba a toda la fuerza.

Imputaciones

El fiscal Roberto Apullán imputó a cinco civiles y tres policías, entre ellos el exjefe Rafael Grau, en la causa que investiga la defraudación al Estado por medio de arreglos no realizados a móviles pertenecientes a la policía provincial.

El funcionario le atribuyó a los ochos detenidos el delito de asociación ilícita y defraudación del Estado en 16 hechos. Está convencido que formaron una organización que por medio de facturaciones irregulares se benefició de determinados arreglos de unidades que nunca fueron reparadas en dos talleres mecánicos.

La investigación, cuyo inicio se dio a partir de una denuncia anónima que llegó al despacho del ministro Maximiliano Pullaro, detectó que en enero del año pasado ingresaron al D4 varias facturas por servicios prestados en los talleres mecánicos «Los Hermanitos» y TC Repuestos. Desde arreglos de tren delantero, tapa de cilindros, cambios de filtro aire y aceite, hasta reparaciones en ópticas fueron algunas, entre tantas, de las anomalías registradas en la investigación.