Un hombre de 54 años comenzó a ser juzgado en un juicio oral y público como autor del delito de promoción y facilitamiento de corrupción de menores, calificado por mediar amenazas, por el parentesco y por ser la víctima menor de 18 años.

El fiscal que investigó lo ocurrido es Estanislao Giavedoni, quien solicitó una pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo para OMM (así lo identifica el Ministerio de Seguridad). Por su parte, la jueza Sandra Valenti tendrá a su cargo el debate.

Giavedoni relató que “el viernes 5 de diciembre de 2014 por la tarde, con la excusa de ir a pescar, el acusado llevó a sus dos hijos varones menores de edad y a una adolescente también menor de edad, a la costa del río Salado en Santo Tomé.

Una vez llegados al lugar, amenazó a uno de sus hijos y a la niña y los obligó a mantener relaciones sexuales entre ellos, mientras obligaba a su otro hijo a observar todo. Además, previamente les había dado bebidas alcohólicas a los tres menores.”

El fiscal sostuvo que «la violencia sexual constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la víctima, sobre todo si se trata de mujer, niña, niño o adolescente. Aquí se vulneraron los derechos sexuales y reproductivos, como así también el derecho a la integridad física, psíquica y moral, a disponer libremente del cuerpo, a la seguridad, a la dignidad, a la honra, a la intimidad y a la autodeterminación sexual».