La etapa testimonial del juicio oral de la causa “Laguna Paiva II” comenzó en la ciudad de Santa Fe con relatos estremecedores sobre la persecución desplegada por la dictadura cívico militar contra familias enteras del centro norte santafesino durante febrero de 1980. Lo que se ventila en el proceso no es solamente el secuestro y la tortura de militantes políticos y trabajadores, sino también el daño deliberado causado a niños, niñas y adolescentes que quedaron expuestos al terror estatal, a la intemperie y al abandono tras la captura de sus padres.

Las audiencias marcaron el inicio de la producción de prueba testimonial en un juicio que, por primera vez en el país, incorpora el delito de abandono de persona de menores como crimen de lesa humanidad. La singularidad jurídica del debate se fue llenando de contenido humano a medida que declararon sobrevivientes e hijos e hijas de las familias perseguidas por la estructura represiva que operó alrededor del Departamento de Informaciones D-2 de la policía santafesina, lanzadas a la cacería de Arnaldo Catalino Páez, un obrero y militante del PRT.

La causa juzga a los expolicías Eduardo Riuli, Oscar Valdez y Antonio Parvelotti, además del exsecretario judicial –y posterior juez federal– de Santa Fe Víctor Brusa, por secuestros, tormentos y allanamientos ilegales cometidos durante la ofensiva represiva lanzada para encontrar Páez, uno de los pocos referentes de esa organización de izquierda que seguían activos hacia 1980.

Pero el operativo no se limitó a él. Según reconstruyen las querellas y la Fiscalía, la maquinaria represiva avanzó sobre hermanos, cuñados, sobrinos, hijos y compañeros de trabajo, extendiendo el castigo sobre toda la red familiar y social vinculada a Páez.

“Lo que surge con claridad es la magnitud del despliegue del terrorismo de Estado contra familias enteras y particularmente contra las infancias”, resumió la abogada querellante de APDH, Julia Giordano.

Comenzaron las declaraciones de integrantes de la familia Medina-Páez, que residía en Esperanza. Allí fueron secuestrados María Ceferina Páez y su esposo, Luis Santiago Medina. Sus hijos quedaron solos en la vivienda, sin protección alguna, en medio del terror y la incertidumbre.

Los testimonios incorporados al debate permitieron reconstruir aquella escena de abandono extremo. La hija mayor tenía apenas 14 años; otra, 13; los hermanos menores, 9, 8 y 6 años. La ausencia abrupta de los adultos obligó a los chicos a sobrevivir como podían. Uno de ellos sufrió una apendicitis pocos días después del secuestro de sus padres y fueron sus propios hermanos quienes debieron llevarlo al médico, acompañarlo durante la internación y ocuparse luego de su recuperación.

El juicio intenta demostrar que ese abandono no fue un daño colateral ni una consecuencia secundaria del operativo represivo, sino parte constitutiva del método de terror.

“Quedaron presos de la patota”, describió Giordano. La expresión no es metafórica. Una de las adolescentes fue abordada por integrantes del grupo represivo, quienes le prometieron información sobre su madre desaparecida. La secuestraron y permaneció cautiva durante cuatro días. La odisea que por estos días se ventila en el juicio oral incluye abusos sexuales reiterados y diversas variantes de tormentos durante los interrogatorios para dar con el paradero de Catalino Páez.

La audiencia continuó con declaraciones vinculadas a otra rama de la familia Páez, radicada en la zona rural de Esteban Rams, pequeña localidad del norte, en el departamento 9 de Julio. Allí la represión irrumpió desde temprano en la mañana y se prolongó durante horas.

Miguel Wilfredo Páez –hermano de Catalino–, su esposa Elba Marcelina Medina y sus hijos fueron secuestrados en un procedimiento atravesado por torturas e interrogatorios. Los relatos escuchados ante el tribunal reconstruyeron cómo Graciela Páez, que tenía 15 años, y su padre fueron sometidos a tormentos con picana eléctrica mientras los represores exigían información sobre el militante buscado.

Los niños más pequeños permanecieron retenidos aparte durante todo el operativo, hasta que finalmente toda la familia fue trasladada a distintos centros de detención, entre ellos la Guardia de Infantería Reforzada y dependencias del D-2.

En la misma jornada declaró además Susana Vivas, hija de otra de las hermanas Páez, secuestrada en Ceres durante la misma redada familiar. Su testimonio volvió a colocar en escena el papel que, según las víctimas, desempeñó Eduardo Riuli dentro de los operativos.

Riuli aparece mencionado reiteradamente por sobrevivientes y familiares como el represor que hablaba, interrogaba y dirigía los procedimientos. Esa exposición directa permitió que varias víctimas lo reconocieran años después. Sobre todo porque siguió siendo un vecino reconocido en Laguna Paiva, animador de fiestas y locutor de la radio local.

El proceso oral también está poniendo en discusión una modalidad represiva menos conocida en los juicios desarrollados en la región: la persecución extendida sobre núcleos familiares completos en ámbitos rurales y semirrurales. Para encontrar a Arnaldo Catalino Páez, la patota avanzó sucesivamente sobre hermanos, cuñados, sobrinos y allegados, arrasando hogares enteros.

Catalino Páez, delegado sindical en el frigorífico Nelson y militante político perseguido desde años anteriores, sobrevivió a la dictadura. Pero la persecución desatada para capturarlo derivó luego en nuevas detenciones de compañeros de trabajo y otros militantes de la zona, testimonios que comenzarán a desfilar en las próximas semanas.

Recientemente los hijos e hijas de Arnaldo Catalino y se incorporaron testimonios previos de familiares que ya no están en condiciones de comparecer. El tribunal escuchó cómo, tras el secuestro de sus padres, una niña de apenas 12 años debió hacerse cargo de sus hermanos menores –entre ellos un bebé de un año–, salir a buscar sustento y atravesar un itinerario de orfanatos y desamparo hasta la liberación de su madre.

“Un dispositivo de destrucción deliberada de vínculos familiares y de disciplinamiento social ejercido sobre las infancias”, concluyó Giordano.