Hace meses que numerosos vecinos vienen suplicando respuestas del propietario de un lavadero industrial que ya fue inspeccionado y sancionado por el municipio, pero sigue sin darle respuesta a la gente que hasta dialogó con él mano a mano.

Es más, algunos sostienen que les toma el pelo, por eso decidieron convocar a Esperancino.com.ar y luego enviaron un escrito.

Afirman que los ruidos molestos son constantes las 24 horas, denuncian el volcamiento irregular de agua y una sustancia que podría ser amoníaco en la vía pública (foto inferior), como así también consecuencias en las plantas de la zona, que sufren diversas complicaciones desde que esa empresa se instaló en ruta 70.

La firma apuntada es Landria lavandería industrial (Amado Aufranc 1065), cuya cara visible es Miguel Requena, el polémico empresario dueño de Yeruvá y con largos antecedentes en cuanto a violar las normas, contaminar el ambiente y reírse de los vecinos que reclaman respuestas.

ENTRETELONES

“Vecinos de un amplio sector del barrio denunciamos el funcionamiento de una lavandería de escala industrial instalada en una zona residencial, actividad que genera ruidos constantes, olores y molestias permanentes, afectando de manera directa la calidad de vida del entorno y contradiciendo la normativa urbana vigente.

El inmueble se encuentra ubicado en una zona clasificada como Distrito Residencial por el Código Urbano de Esperanza (Ordenanza N.º 4045). En este tipo de áreas, el uso principal del suelo es la vivienda, admitiéndose únicamente actividades complementarias de baja molestia.

Las actividades industriales, por su escala e impacto, están previstas para distritos industriales específicos, no para el interior de una manzana habitada.

No es un lavadero de barrio, la actividad desarrollada no se corresponde con un pequeño servicio comercial, sino con una instalación de funcionamiento industrial, equipada con maquinaria pesada, procesos continuos de lavado y secado, y sistemas de extracción que operan de manera ininterrumpida.

Desde el punto de vista urbanístico el nombre comercial no define el uso: lo define la escala, la intensidad de funcionamiento y las externalidades que genera”, destacan los vecinos afectados que en muchos casos duermen como y cuando pueden debido a esta empresa.

Cabe señalar que uno de los puntos más relevantes del reclamo tiene que ver con el impacto acústico. Según informan “los inspectores municipales realizaron mediciones de ruido en un contexto de funcionamiento prácticamente continuo, ya que la lavandería opera las 24 horas, todos los días de la semana, con la única excepción del lapso comprendido entre las 22 horas del sábado y las 19 horas del domingo”.

Los habitantes de esa zona manifiestan que “los niveles de ruido, sostenidos en el tiempo y dentro de un entorno residencial, se perciben en toda la cuadra y en sectores adyacentes, afectando el descanso, el uso normal de las viviendas y la salud, especialmente durante la noche y la madrugada”.

En otro punto del escrito afirman que “a este escenario se le suma la ocupación intensiva del lote, con construcciones que avanzan sobre el fondo y eliminan el centro libre de manzana, espacio previsto por el Código Urbano como pulmón ambiental para ventilación, iluminación y amortiguación de impactos.

La eliminación de ese espacio potencia la propagación del ruido y de los olores, ampliando el área afectada más allá de las viviendas inmediatas”.

Más adelante confirman que “la lavandería estaría vinculada a Miguel Requena, empresario de peso en la ciudad y propietario de Yeruvá, lo que vuelve el caso particularmente sensible desde el punto de vista institucional… El Código Urbano debería aplicarse igual para todos. Cuando una actividad industrial funciona dentro de un barrio de casas, el impacto no es sobre una sola vivienda, sino sobre todo el entorno”.

RECLAMO FORMAL

Los vecinos presentaron una nota ante la Secretaría de Planeamiento Urbano, solicitando la verificación del uso del suelo, el cumplimiento del régimen edilicio y la evaluación ambiental correspondiente. El tema también fue puesto en conocimiento de los concejales de la ciudad.

Advierten que, de persistir la falta de respuestas concretas, avanzarán por la vía judicial, mediante un amparo ambiental, con el objetivo de que se haga cumplir la normativa vigente.

“Si se naturaliza que una industria funcione casi de manera permanente dentro de un barrio residencial, con ruidos medidos y constatados, el Código Urbano deja de ser una norma y pasa a ser una sugerencia”, dicen para cerrar de la siguiente manera: “El conflicto vuelve a poner en debate el rol del Estado como autoridad de control y la necesidad de proteger efectivamente las áreas residenciales frente a actividades incompatibles”.

Sabemos que se le labraron actas de infracción, pero Requena -fiel a su conducta de poco apego a las normas ambientales- quizás ni las haya abonado, ante lo cual se necesitan en este y otros casos similares sanciones más duras, por eso sería bueno que los concejales que se reunieron varias veces para sacar ventajas en la conformación de las comisiones internas -cuestión de escasa relevancia para el pueblo-, dediquen el mismo esmero en presentar y aprobar un proyecto que endurezca las sanciones, y de no haber respuestas, que faculte al Ejecutivo para la clausura transitoria.

¿Será posible que los históricos ediles y los nuevos trabajen en cosas importantes o solo seguirán peleándose por estupideces y para la tribuna?