Un hombre y su mujer fueron detenidos en la localidad santafesina de Calchaquí por los reiterados abusos sexuales a los que él sometía a sus hijas y una hijastra, con las cuales sospechan tuvo siete hijos, informaron fuentes policiales que precisaron que la causa comenzó a partir de una denuncia a la Línea 144.

El juez Gustavo Gon, de la Oficina de Gestión Judicial de la ciudad de Vera, localidad cabecera del Departamento, resolvió dictar la prisión preventiva de la pareja por un mínimo de 10 meses y dispuso que queden alojados en la Alcaidía de la ciudad.

Al hombre, identificado como Miguel G., se lo acusa de abuso sexual agravado por el vínculo y por ser guardador de las víctimas, una de las cuales además se encuentra embarazada. También ordenó la detención de Ana María V., su concubina, por el delito de encubrimiento.

El juez investiga si la mujer inscribía como propios a los niños que nacían fruto de las relaciones incestuosas de G. Todo comenzó en marzo pasado con una denuncia anónima a la Línea 144 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, acerca de la situación del hombre, que convivía con numerosas personas en una casilla de las afueras de la localidad de Calchaquí, a unos 205 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe.

El aviso alertó de inmediato a la Comisaría de la Mujer y a las autoridades judiciales, tras lo cual intervino también la Agencia Provincial de Investigación sobre Trata de Personas de la ciudad de Reconquista y la Subsecretaría de Niñez, de Vera.

También se involucró una ONG de Calchaquí que tomó contacto con las víctimas, una de las cuales, de 30 años, sufre un retraso madurativo y concibió cinco hijos, dos mujeres y tres varones. También figura en la causa una mujer de 20 años que tiene dos hijos pequeños y está embarazada.

Voceros del caso indicaron que las mujeres víctimas de los abusos serían tres, una de las cuales no sería hija biológica de Miguel G.

El fiscal Martín Gauna Chapero solicitó la realización de pruebas de ADN para confirmar las sospechas sobre la paternidad del acusado. En tanto, los niños y adolescentes, algunos de los cuales poseen diferentes formas de discapacidad, están siendo asistidos por organismos estatales y la Fundación Luminares de Calchaquí.

Todos los involucrados, alrededor de 11 personas, convivían en una casilla muy precaria, hacinados y en paupérrimas condiciones de higiene, sin agua potable, cloacas ni luz eléctrica.