Distintos portales de la capital de la provincia se hicieron eco de la ordenanza que aprobó por unanimidad el Concejo Municipal de Esperanza para crear el Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Persona Gestante y de la Niñez por Nacer. En esto caso, compartimos de manera textual lo publicado por Uno Santa Fe.
“Las organizaciones feministas de la ciudad criticaron la normativa y desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional Santa Fe pronunciaron un fuerte repudio. «Desconoce la legislación vigente en nuestro país desde hace casi cien años y los derechos consagrados de las personas gestantes, por lo que exigimos que sea vetada», sostuvieron.
La ordenanza se da en la misma semana en que se restituye la actualización del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo 2019 que se aplica cuando se solicita un aborto no punible bajo tres causales contempladas en una ley desde 1921: si representa un riesgo para la vida o para el bienestar físico, emocional y social de la persona gestante, y si es producto de una violación.
Por su parte, la ordenanza sancionada en Esperanza promueve la creación de un protocolo que se pondrá en funcionamiento ante ‘aquel embarazo de riesgo en que se vea perjudicada la salud del binomio; que sea consecuencia de un abuso sexual; en que las circunstancias económicas, culturales y familiares sean tales que le hagan dificultoso llevar el embarazo adelante; aquel en el que una persona gestante con discapacidad requiera apoyos; aquel que se dé en toda situación de violencia o cualquier otro supuesto en el que existan circunstancias que pongan en riesgo a la persona gestante y/o a su embarazo’.
En este punto cabe recordar que la ilegalidad del aborto y el fundamentalismo religioso en la gestión estatal dejó una triste marca en la historia de la provincia y del país. Ana María Acevedo (20) murió el 17 de mayo de 2007 en el hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe. A pesar del cáncer fulminante nunca recibió el tratamiento que requería. Los médicos decidieron no atender la enfermedad porque la joven estaba embarazada y se negaron a realizarle el aborto terapéutico que la familia solicitó. «Vamos a salvar las dos vidas», le dijeron a la mamá de Ana María mientras la chica lloraba de dolor. Poco tiempo antes de morir le hicieron una cesárea a las 22 o 23 semanas de la que nació una beba que sobrevivió menos de 24 horas. El caso marcó un punto de inflexión en el sistema de salud santafesino y en el debate sobre el cumplimiento efectivo del artículo 86º del Código Penal. Por la lucha de los movimientos de mujeres, en Santa Fe está vigente desde abril de 2012 el protocolo ILE de la Nación a través de la resolución Nº 612 del Ministerio de Salud provincial.
Aún así, en el artículo 3º de la sancionada normativa esperancina afirma: ‘Cuando se presentaren situaciones de embarazos vulnerables, se articularán las medidas necesarias, para proteger los derechos de la persona gestante y la niñez por nacer’. Desde la Campaña recuerdan: ‘El aborto no es una imposición’ y ‘nuestro país cuenta con normativa a nivel internacional, nacional y provincial que protege los derechos y la autonomía de las personas que atraviesan un embarazo que es producto de una violación o que pone en riesgo la salud o la vida de la persona gestante. Subrayamos que la biología no es destino, y que en el contexto de emergencia social que atraviesa nuestro país, desdibujar los derechos sexuales y reproductivos adquiridos resulta un acto de irresponsabilidad e ilegalidad por parte de quienes ocupan cargos legislativos’.
‘La intencionalidad es clara, se pretende utilizar las herramientas del Estado para persuadir a las personas gestantes que han sido violadas o tiene riesgo de vida a llevar a término su embarazo aunque deseen lo contrario. Los equipos provinciales responsables de las maternidades seguras, con una alta capacitación técnica y en derechos, ha permitido que Santa Fe sea una de las provincias con el más bajo índice de mortalidad materna, neonatal e infantil del país’, dijeron desde el colectivo de mujeres local Se Dice de Mí”.
Exigen el veto del Ejecutivo
Posteriormente a la publicación de este y otros artículos en portales provinciales, la organización feminista publicó una solicitud de veto por parte de la intendente Ana Meiners al que adhirieron numerosas instituciones de gran cantidad de provincias y algunas legisladoras como la esperancina Erica Hynes, actualmente diputada provincial y secretaria de Género en la Junta Provincial del Partido Socialista; María de los Angeles Sacnun, senadora nacional por Santa Fe, y Patricia Mounier, diputada nacional por Santa Fe.
“Nosotras no obligamos a nadie a abortar, les pedimos que tampoco obliguen a nadie a gestar contra su voluntad”, dijeron las opositoras a la nueva norma.
Fuente: Esperancino.com.ar con información de Uno Santa Fe
