Con el objetivo de no fogonear el debate sobre el aborto durante la campaña, y la pretensión de ubicarse en una posición intermedia el gobierno decidió que no avanzará con la despenalización en el nuevo Código Penal.

“No queremos que sea lo principal. Ya se discutió y ahora la composición del Congreso es la misma que lo rechazó el año pasado”, dijo un ministro. De paso, evitan abrir un nuevo frente de conflicto con la Iglesia.

La problemática volvió a quedar expuesta esta semana en Jujuy, con un aborto obstaculizado a una nena de 12 años que había sido violada, a la que se le practicó una cesárea -la beba luego murió-, sin respeto de la intimidad y con escraches en la puerta de la clínica.

Mauricio Macri arrancó con la “defensa de las dos vidas” en un discurso público y luego aseguró que “el tema central es el derecho de las mujeres a decidir”, en privado para no interferir en la “libertad de acción” que había dado a los legisladores.

En el Código Penal el artículo 88 del proyecto que llegará al Congreso en marzo impondrá prisión de uno a tres años a la mujer que aborte y el juez podrá decidir la eximición de la pena o que quede en suspenso “teniendo en cuenta los motivos que impulsaron a la mujer a cometer el hecho, su actitud posterior, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar pena privativa de la libertad”.

El texto mantendrá no punible el aborto cuando hay riesgo para la vida o la salud de la mujer y en embarazos producto de un abuso sexual. Además, establecerá que los médicos que lo practiquen en esos casos no sean penados.