Los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez solicitan penas de nueve años de prisión para dos exjefes de la policía provincial investigados por liderar una asociación ilícita que realizaza maniobras delictivas relacionadas a la reparación y compra de repuestos para vehículos policiales.
Los acusados son Rafael Grau de 56 años y Omar Odriozola, de 54, a quienes les atribuyeron la autoría del delito de asociación ilícita en carácter de jefes, en concurso real con la coautoría de defraudaciones en perjuicio de la administración pública.
Hernández y Jiménez también pedirán que a los dos exjefes policiales se les imponga una inhabilitación especial por 10 años para ocupar y para ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos a cada uno por la comisión de ilícitos con ánimo de lucro.
Asociación ilícita
“Los dos acusados eran los jefes de una asociación ilícita de carácter permanente, estable y organizada, formada por funcionarios públicos policiales y por civiles. Usando su potestad jerárquica, los dos exjefes policiales dispusieron los medios por los cuales la organización se valió para ejecutar sus planes criminales, habilitaron el ámbito de las maniobras defraudatorias y consintieron las actividades ilícitas desplegadas”, añadieron
En la acusación presentada, Hernández y Jiménez brindaron detalles acerca de la modalidad delictiva. “Consistía en facturar reparaciones de móviles policiales que no se hacían y compras de repuestos que no se adquirían. Esto se hacía burlando el procedimiento administrativo respective. Los dos acusados firmaron cheques y realizaron facturas y rendiciones de cuenta que permitieron la disposición patrimonial ilegítima; coordinaron acciones con Facundo José Testi, organizador de la banda y con sus miembros y determinaron el reparto de las utilidades conseguidas ilegítimamente”, explicaron.
Esperancino condenado
Además de los dos exjefes acusados, hay otras nueve personas que ya fueron condenadas cinco de ellas a penas de cumplimiento efectivo en juicios en los que se abreviaron los procedimientos.
“Los condenados admitieron la existencia de los hechos y su culpabilidad, tal como lo sostuvimos desde la Fiscalía. Además, logramos la recuperación de más de cinco millones de pesos en concepto de reparación económica, donaciones y multas. El monto recuperado es la suma de los pagos realizados por los condenados a lo largo de los últimos tres años. A valor de hoy, actualizado por la inflación, el dinero recuperado es mayor”, remarcaron Hernández y Giménez.
Uno de ellos es José María Leiva, de 53 años, policía y exjefe del departamento de Logística de la Unidad Regional XI con asiento en Esperanza. Por ser miembro de la asociación ilícita, lo condenaron a tres años de prisión con cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos, al pago de una reparación económica de 204.420,50 pesos por el perjuicio patrimonial causado al Estado, a una donación de 150 mil pesos a entidades de bien público y al pago de una multa de 90 mil pesos al Ministerio Público de la Acusación. Además de la condena por ser miembro de la asociación ilícita, lo acusaron de ser coautor de defraudaciones en perjuicio de la administración pública y autor de tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.
Fuente: El Litoral
