Lo cierto y concreto es que este lunes se apuraron a enviar camiones del Ejército para empezar a distribuir. El juez Casanello había fijado para el miércoles una audiencia que busca conocer y deslindar responsabilidades.

Otro dato innegable es que un total de cinco mil toneladas están guardadas en sendos galpones de Villa Martelli (provincia de Buenos Aires) y Tafí Viejo en Tucumán, desde que asumió el gobierno de los hermanos Milei.

El aporte de un pedido de acceso a la información pública del periodista Ari Lijalad desnudó la existencia y cuantía de la mercadería. En febrero, Juan Grabois presentó una denuncia penal que activó la intervención del juez y la

fiscala Ochoa.

En el medio la renuncia de Pablo De la Torre y una veintena de funcionarios en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Enredado con esto la aparición de una intermediaria Organización de Estados Iberoamericanos que cobra comisión por la compra de alimentos y jugadores de un equipo de rugby  que aparecieron cobrando sueldos y en otros casos sobresueldos.

Para encontrar una perspectiva optimista a este enredo vale confiar en la actuación de la Justicia porque lo único que importa ahora y ya es que la asistencia alimentaria llegue.

En seis meses de mandato (¿gestión?) hay cinco millones de nuevos pobres y la indigencia subió al 18%. Son cifras increíbles en el país del trigo y la leche. Si hoy comparamos precios de alimentos en euros en Milano, Italia, con los de nuestro país son más económicos.

Si el Estado resuelve retirarse de la política alimentaria, ojalá encuentre personas y entidades probas y honestas para llevarla adelante.