A partir de un pedido realizado por el Ministerio Público de la Acusación, la jueza María Trinidad Chiabera ordenó derribar un búnker de droga en Rosario. La medida fue dispuesta en una audiencia que se desarrolló en los tribunales del Centro de Justicia Penal de la gran ciudad del sur de la provincia.

El narcomenudeo era anteriormente investigado por la Justicia Federal, que cuenta con escasos recursos y muy pocos funcionarios judiciales, lo que demoraba muchísimo las causas, pero tras la reforma que impulsó el nuevo gobernador Maximiliano Pullaro, la venta de droga barrial quedó en manos de la Justicia provincial a través de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, que como en este caso, podrán actuar mucho más rápido.

El funcionario que hizo el requerimiento en el marco del denominado cese del estado antijurídico fue Aníbal Vescovo, quien está a cargo de la investigación penal en la que se desbarató un lugar en el que se llevaban adelante actividades de microtráfico, ubicado en calle Riobamba al 5000.

En la audiencia, Vescovo destacó que «en nuestra investigación fueron fundamentales los llamados al 911 que venían haciendo los vecinos para denunciar que en ese puesto –que está a metros de una escuela– había movimientos vinculados al microtráfico de drogas». En tal sentido, agregó que «hicimos un detallado rastreo de las denuncias recibidas en los últimos tres meses».

Detenidos

La audiencia se realizó a una semana de la entrada en vigencia de la ley provincial número 14.239 que adhiere a la desfederalización de la competencia penal en materia de estupefacientes.

En el marco del legajo, son investigadas ocho personas que fueron detenidas el miércoles pasado, minutos después de la 1 de la madrugada, en la vivienda precaria de la zona oeste de Rosario. Se trata de seis hombres que tienen entre 22 y 37 años, y dos mujeres de 28 y 46 años.

Vescovo detalló que «los imputados fueron aprehendidos en un procedimiento policial realizado en el inmueble que ahora se ordenó derribar, donde también se secuestraron 502 envoltorios que contenían 439 gramos de cocaína, y 187 pequeños paquetes con 342 gramos de marihuana».

El funcionario del MPA valoró que «aunque la Defensa de los tres hombres que continuarán privados de su libertad propuso medidas alternativas, la magistrada las consideró insuficientes para cautelar la investigación».

«La jueza manifestó que tanto la materialidad del hecho como la probabilidad de autoría por parte de los imputados están acreditadas con el grado de certeza suficiente para esta etapa procesal», explicó el fiscal. «A su vez, contempló que los riesgos de fuga y de entorpecimiento probatorio en relación a los tres hombres que quedaron en preventiva estaban latentes», agregó.

Calificación penal

Los ocho imputados son investigados por infringir la ley nacional número 23.737, que en su artículo 5 hace referencia a «el que sin autorización o destino legítimo comercie con estupefacientes, precursores químicos o cualquier otra materia prima para su producción o fabricación, o los tenga con fines de comercialización, o los distribuya, o los dé en pago, o los almacene, o los transporte».

Acompañamiento

El fiscal Vescovo es acompañado en la investigación por el Equipo de Trabajo sobre Microtráfico creado por la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, en el marco de la implementación de la reciente ley provincial número 14.239, que adhiere a la Desfederalización de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes.