La investigación, que se inició el 18 de julio a partir de una denuncia anónima en el Servicio de Atención Ciudadana del Gobierno provincial, puso el foco en la planta verificadora de Esperanza.

De acuerdo a lo que este portal pudo saber, los encargados de esclarecer el tema creen que los uniformados, para no llamar la atención, habrían trabajado en tándem con gestores fuera del horario laboral en la URXI, pero sacando provecho de su lugar en la fuerza.

El último avance se produjo en las últimas horas cuando el juez Martín Torres dispuso 30 días de prisión preventiva para Luis Rodrigo Ulerich, policía subinspector de 35 años, oriundo de Esperanza.

El fiscal Ezequiel Hernández, de Delitos Complejos del MPA, le atribuyó el delito de cohecho pasivo. Su defensa, a cargo de Juan Carlos Galetto, acordó la medida.

Según la imputación, Ulerich habría recibido dinero de una gestora de Sarmiento identificada como Andrea Erica Lucca Schnidrig para confeccionar, sellar y firmar formularios 12 del RNPA sin cumplir con ningún procedimiento: sin turno, sin pagar la tasa y sin que los vehículos fueran llevados a la planta para su inspección.

Solamente en agosto se habrían confeccionado así 48 autos y 16 motos. La tarifa: $50.000 por auto y $30.000 por moto. En total, unos $2.880.000 en un mes.

También contamos que el fiscal ordenó la detención de otros dos agentes que cumplían funciones en la planta verificadora: Bernardo González y Bruno Vignatti, quienes hace algunos meses ya no trabajaban en la sección y estaban trabajando en distintos pueblos de la región.

Ambos permanecen privados de su libertad y serán llevados a audiencia imputativa la semana próxima.

Como contó Esperancino.com.ar la semana pasada, ya hubo allanamientos de Policía Federal en la Escribanía Weidmann de Progreso, donde fue aprehendido Jesús Coria, y otro procedimiento en Sarmiento, apuntando a la gestora que ahora está imputada por cohecho activo pero en libertad.

En todos los procedimientos se secuestraron celulares y documentación. Se analiza el contenido de tres teléfonos: uno de Ulerich, otro de la gestora y un tercero de un civil que habría actuado como intermediario.

La Fiscalía deberá ahora determinar el grado de intervención de cada uno. La causa continúa y no se descartan más implicados.