Desde el inicio de la gestión de Miguel Lifschitz las autoridades del Ministerio de Seguridad firmaron 250 pedidos de pases a disponibilidad de personal de las fuerzas de seguridad de la provincia.
El titular de la mencionada cartera, Maximiliano Pullaro, volvió a reclamar el tratamiento de la ley que espera en el Senado provincial para acelerar el trámite de las exoneraciones. Entre los efectivos se encuentran los que protagonizaron videos escandalosos meses atrás y otros que están siendo investigados por distintos delitos.
Entre casos originados durante la gestión precedente y la suya, Pullaro firmó 250 pedidos de pases a disponibilidad. Este estado es el tranco previo a la exoneración y en este punto el actual ministro pide una reforma que le permita agilizar un trámite que, según afirma, en algunos casos dura hasta cinco años, supone costos económicos al Estado y atenta contra la moral de la tropa.
«Cuánto más rápido queden afuera los que no merecen estar en la policía mejor va a ser para los hombres y mujeres con ganas de trabajar y hacer bien las cosas», dijo Pullaro.
De los pasados a disponibilidad casi un 30 por ciento corresponden a expedientes iniciados en 2012 y 2013. De esos casos 53 son efectivos investigados por homicidio y 23 por infracción a la ley de estupefacientes. El resto está sumariado por tentativa de homicidio, asociación ilícita, extorsión, abuso sexual y privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos.
Unos 135 tienen el sumario en trámite, ocho ya poseen pedido de destitución y en dos casos han sido exonerados en lo que va de este año.
Veinticinco exonerados
Desde que se inició la gestión Pullaro, 25 policías fueron exonerados y otros 100 están a la espera del mismo destino.
El año 2016 finalizó con un millar de expedientes abiertos a efectivos por parte de la Secretaría de Control de las Fuerzas encabezada por David Reniero. En lo que va del 2017 se han sumado otras 200. «En muchos casos son causas menores que terminan en absolución o en sanciones mínimas», explicó Reniero, «pero en otros lleva al apartamiento de la fuerza de la persona sancionada».
Pullaro pidió encontrar equilibrio entre el procedimiento actual que lleva a la larga los casos mientras los policías en disponibilidad siguen cobrando parte de sus haberes, «y un método que le permita al Estado prescindir de aquellos que deshonran el uniforme participando de actividades ilícitas».
Actualmente existe un proyecto en la Legislatura para modificar la situación, pero su tratamiento está demorado. El contenido propone entre otras cosas disminuir el porcentaje que hoy se paga a los efectivos en disponibilidad y exonerar de manera directa a los detenidos en flagrancia.
