El gobierno oficializó el reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad, que entre otras cosas permite que disparen contra personas que huyen.
La resolución 956/2018 publicado en el Boletín Oficial lleva la firma de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y deroga toda disposición o normativa contraria a la nueva reglamentación.
De un lado se escucharon voces que defienden la medida argumentando por ejemplo "que esto significa darles herramientas a las fuerzas de seguridad, teniendo en cuenta que el Estado es quien tiene el monopolio de la fuerza pública.
Si el Estado no puede repeler con firmeza el ataque de las bandas de los delincuentes por estar limitadas debido a reglamentaciones, no se puede actuar como corresponde".
También los que están a favor de la decisión dicen que "en la mayoría de los países del mundo las fuerzas de seguridad cuando están ante una amenaza utilizan los recursos y herramientas que tienen".
En la otra vereda se argumenta que la iniciativa es inconstitucional por violar determinadas garantías, "es muy importante que se comprenda que el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado y pone en manos de sus agentes policiales armas de fuego... En este punto el uso de las armas es excepcional, por ejemplo disparar cuando alguien se da a la fuga es un tema muy complicado".