Nene abusado por los abuelos y un tío: piden entre 20 y 25 años para los imputados

Es en el caso Baraldo, que generó enorme repercusión en la comunidad de Esperanza. Los fiscales adelantaron que existen elementos suficientes para acusarlos y en los estrados judiciales eventualmente condenarlos por gravísimos delitos de índole sexual contra la criatura.

 

Los fiscales Omar de Pedro y Daniel Filippi solicitarán penas de entre 20 y 25 años para las tres personas imputadas en un caso de delitos contra la integridad sexual intrafamiliar en perjuicio de un niño menor de edad ocurrido en Esperanza.

Así lo manifestaron los funcionarios del MPA ante la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Sandra Valenti, en la audiencia realizada el lunes y martes en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Los imputados son tres personas mayores de edad que son familiares de la víctima: el abuelo materno -iniciales VHB-, la abuela materna -NMM- y el tío del niño, un policía de iniciales JPB.

Los abuelos de la víctima están detenidos con prisión preventiva desde 2014, cuando la madre del niño -hija y hermana de los imputados- denunció lo ocurrido. Por su parte el tío de la víctima se encuentra detenido desde 2016.

 

Calificaciones agravadas

El abuelo del niño está imputado como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado (por resultar grave el daño en la salud mental de la víctima; por ser cometido por ascendiente, encargado de la educación y guarda; por ser cometido por dos personas; y por aprovechar la situación de convivencia preexistente con el niño menor de edad) y promoción de la corrupción de menor agravada (por ser la víctima menor de 13 años; y por ser ascendiente y personas conviviente y encargada de la educación y guarda del menor), ambos delitos en concurso ideal.

Además fue imputado como autor de coacciones reiteradas, en concurso ideal con los otros dos delitos.

Por su parte el tío de la víctima está imputado como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado (por resultar grave daño en la salud mental de la víctima y por ser encargado de la guarda) y promoción de la corrupción de menor agravada (por ser la víctima un menor de 13 años y por ser el imputado persona encargada de la guarda del menor), ambos delitos en concurso ideal. También fue imputado como autor de los delitos de coacción agravada por el uso de arma de fuego y desobediencia a un mandato judicial, todo en concurso real.

En tanto la abuela del niño está imputada como autora del delito de promoción de la corrupción de un menor agravada (por ser la víctima menor de 13 años y por ser ascendiente y persona conviviente encargada de la educación y guarda del menor) y como partícipe principal de abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado (por resultar grave daño en la salud mental de la víctima; ser cometido por ascendiente, encargado de la educación y guarda; ser cometido por dos personas y por aprovechar la situación de convivencia preexistente con el niño menor de 18 años), ambos delitos en concurso ideal.

“De acuerdo a los delitos atribuidos las penas solicitadas son de 22 años de prisión para el abuelo de la víctima, 20 años para el tío y 25 para la abuela del niño”, precisó De Pedro.

En tal sentido agregó que “las penas que solicitamos son de cumplimiento efectivo para los tres casos”.

En relación a la audiencia del martes, De Pedro sostuvo que “la prueba de la Fiscalía fue admitida casi en su totalidad. Por su parte la defensa presentó pruebas a las que nos opusimos, por lo tanto será la jueza la que deberá definir si las admite o las rechaza”.

 

Los hechos

“Los delitos contra la integridad sexual fueron reiterados desde que el niño tenía seis años aproximadamente y se consumaron en la casa de sus abuelos y en la de su tío”, precisó De Pedro. “Los imputados amenazaban a la víctima y le decían que si contaba lo ocurrido lo matarían o le producirían algún daño, incluso en una ocasión el tío del niño le apuntó con el arma reglamentaria que tenía por ser policía”, agregó el fiscal.

 

Querellante

La madre de la víctima se constituyó como querellante en la causa. Los representantes técnicos de la mujer son los abogados Martín Risso Patrón y María Celeste Roa Hertelendi.