Con el objetivo de mejorar los controles para limitar a los "mercaderes" de la política, el gobierno de Santa Fe impulsa una serie de cambios en la legislación electoral vigente, que incluyen la bancarización de los fondos de los partidos y la incorporación de un soporte digital para las fichas de afiliación.
El propósito es que en las elecciones provinciales del año próximo no sea tan sencilla la proliferación de listas que no representan a organizaciones políticas con actividad genuina, sino que responden al oportunismo de quienes se aprovechan de la permisividad de las reglas para hacer en cada elección un negocio con los dineros que se cobran por votos emitidos.
Estas facilidades en las normas son las que vienen permitiendo en los últimos comicios la aparición de una exagerada oferta electoral, con decenas de listas de candidatos para todas las categorías, que producen una fragmentación de propuestas, considerada nociva para el electorado.
Ponerle fin a este aquelarre de candidaturas ya había sido anunciado por el gobierno santafesino, que ahora parece decidido a no dejar pasar una elección más sin poner esos límites que fortalezcan a los partidos y avienten a los aventureros electorales.
El tema no es sencillo porque exige hacer equilibrio entre dos cuestiones: desalentar esas prácticas indeseables, pero a la vez no restringir la participación política representativa y genuina que asegure el pluralismo de los partidos, grandes y pequeños.
El camino para este cambio parece allanado. No será necesario requerir de una aprobación legislativa, aunque después de varias consultas se sabe que el tema tiene consenso político en las agrupaciones representadas en las dos Cámaras.
Se hará a través de un decreto, que ya está redactado y que podría ver la luz en pocos días. Allí se plantean agregados y modificaciones a dos leyes: la 6.808, de partidos políticos, y la 12.080, de campañas electorales. Hay varios cambios formales y otros de fondo, pero en esencia se apunta a mejorar los controles en la vida interna de los partidos y a garantizar la transparencia en el uso de los fondos que distribuye el Estado.
"No será nada revolucionario, pero le pondrá un límite o un obstáculo más a los truchos e inescrupulosos", dijo a este diario una fuente con acceso a la Casa Gris.
Detalles del borrador
El borrador del decreto al que accedió La Capital resalta que "las actuales reglas electorales permisivas para los partidos se han tornado en prácticas que debilitan a los mismos, desdibujando las diferencias entre ellos al punto de que es difícil, y a veces incomprensible para el electorado, distinguir la oferta oficial de la opositora".
Sostiene en los fundamentos del decreto que se anunciará en breve que "la fragmentación y territorialización de los partidos permitió que se conviertan en facciones creadas sobre las necesidades electorales en cada distrito, sin identidades claras y con un discurso impreciso, localizado y ambiguo que pretende abarcar a un arco muy amplio de opciones políticas".
Destaca el proyecto de decreto, al que el gobierno santafesino le está dando las últimas puntadas, que "esta utilización del esquema electoral hace crecer la oferta política de manera artificial por la fragmentación de las categorías legislativas y locales, y las múltiples combinaciones posibles entre listas de diferentes niveles".
Una reforma progresiva
Este no es el primer paso que se da en Santa Fe en el sentido de hacer una reforma política progresiva, que establezca una competencia y oferta electoral partidaria más ordenada.
Otros avances en este sentido fueron la derogación de la ley de lemas, la implementación del sistema de boleta única, la unificación del padrón electoral y la fijación de nuevos umbrales electorales para participar en las Paso. Estas modificaciones limitaron el negocio de los aventureros de la política que recibían (esto sigue ocurriendo a nivel nacional) generosos aportes para la impresión de boletas, equivalentes a todo un padrón electoral.
El negocio de quienes lucran en cada elección con la presentación de listas tenía tres variantes de ingresos: la confección de boletas, la publicidad en medios audiovisuales y un monto por voto. En Santa Fe se eliminaron los dos primeros: uno con la boleta única, que la provee el Estado, y la segunda, la asignación de espacios de publicidad electoral, que también contrata directamente el gobierno para su posterior distribución entre las agrupaciones políticas. Queda sólo el ingreso por votos emitidos.
Para comparar, a nivel nacional se paga para la emisión de boletas el equivalente a la totalidad de un padrón. Por ejemplo, Santa Fe, si tiene dos millones de electores, hay que multiplicar eso por 4 o 5 pesos (o el valor que se defina ahora). Eso va a cada boleta que se presente. De ahí la importancia de estos cambios que se impulsan en la provincia.
Principales cambios
Reconocimiento de partidos: se acorta de tres meses a uno el plazo para cumplir con los requisitos previos para el reconocimiento de los partidos políticos, especialmente el relativo al porcentaje de afiliación.
Afiliaciones: se establece el DNI como único documento habilitante para la afiliación a un partido político (hoy se permiten otros). Y se amplía la reglamentación vigente estableciendo que además de las fichas de afiliación habrá un soporte informático con los datos de cada afiliado.
Identidad del afiliado: se incorpora la posibilidad de que un juez comunal de pequeñas causas pueda certificar la identidad del afiliado. El Tribunal Electoral deberá pedirle a la Justicia penal que investigue aquellos casos de presunta falsedad de certificación de firma, identidad o documentos.
Doble soporte: se reglamenta la obligación de la presentación simultánea de las fichas de afiliación en soporte papel y también en soporte informático. Para ampliar los controles tendientes a evitar la doble afiliación o la existencia de afiliados fallecidos en los padrones, se propone un control cruzado semestral con los datos proporcionados por los partidos políticos inscriptos y el Registro Civil de las Personas.
Renuncias: se propone que no exceda de 15 días el plazo impuesto a los partidos políticos para aceptar las renuncias de sus afiliados. Y se establecen diez días para la comunicación al partido de la extinción de cualquier afiliación, para que esta sea cancelada. También se estipula un plazo semestral para que los partidos comuniquen las modificaciones que se produzcan en sus nóminas de afiliados, tanto en soporte papel como también en soporte informático.
Actividad partidaria: se exigirá anualmente a los partidos políticos inscriptos la documentación referida a las actividades que realizan, tanto las que correspondan a la vida partidaria ordinaria (educativas o de formación democrática), como también aquellas relativas a los actos electorales internos, como la designación de sus autoridades.
Bancarización de fondos: se propone la bancarización de los fondos de los distintos partidos políticos. Los dineros que reciban o pagos que efectúen deberán ser realizados vía transferencia bancaria o por cualquier otro medio electrónico de pago. Los ingresos deberán depositarse en una cuenta a la vista e informar mensualmente su saldo y detalle de movimientos para que se publique en el sitio oficial del Tribunal Electoral. Se podrá así saber el origen de los fondos y seguir su trazabilidad.
Pago a los partidos: se estipula la forma de distribución del Fondo Partidario Permanente, según la elección y la categoría electoral que sea presentada por cada partido político. La novedad consiste en que se autoriza al Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado al pago de las sumas autorizadas. Y se exigirá una efectiva y concreta certificación por parte del Tribunal Electoral.
Control patrimonial: se estipulan claramente las facultades relativas al control patrimonial de los partidos. Este control abarca tanto las actividades patrimoniales usuales del partido y su reflejo contable, como también las relativas al desempeño económico de los partidos en el marco de las campañas electorales. Se incluye la obligación del Tribunal Electoral de un control anual que implica no sólo los libros contables, sino específicamente y como novedad, una auditoría vinculada a los ingresos, egresos y destino de fondos. Además, se ratifica la potestad de expedirse sobre el origen y destino de los fondos de campaña electoral.
Sanciones: se reglamenta y aclaran las consecuencias del incumplimiento de estas obligaciones. Implicarán la pérdida de las contribuciones, subsidios y todos otros recursos de financiamiento, así como los del Fondo Partidario Permanente.
Fuente: La Capital.