Ocho personas que están presas en el instituto carcelario Reverendo Francisco Luchesse de Córdoba fueron imputadas y se les ordenó la prisión preventiva en el marco de una investigación por delitos cometidos telefónicamente y cuyas víctimas son 33 personas de nuestra zona. Además se investigan si son autores de al menos de otras 50 estafas.
Jefes y miembros
La fiscal María Laura Urquiza detalló que "cuatro de los ocho hombres fueron imputados como jefes de la asociación ilícita; mientras que a los otros se les atribuyó ser miembros de la banda delictiva".
En relación al delito de estafas, la funcionaria del MPA explicó que "a los cuatro jefes se les endilgó la coautoría de los delitos de estafa y tentativa de estafa, todo en concurso real. Por su parte, a los cuatro miembros se les atribuyó el delito de estafa en calidad de partícipes necesarios".
"Además de estos ocho presos que fueron imputados el viernes, hay al menos tres integrantes más de la misma banda que también están alojados en la cárcel cordobesa. No fueron trasladados a Santa Fe porque están siendo juzgados en juicios orales y públicos por delitos cometidos en la vecina provincia", detalló la fiscal Urquiza.
Más adelante agregó que "una vez que finalicen esos procesos orales, se avanzará en la misma dirección que se hizo el viernes".
Modalidad
"Todos los integrantes de la asociación ilícita tenían conocimiento de su pertenencia a esta banda que comenzó a funcionar en diciembre de 2017 de manera permanente en el tiempo y con el objetivo de cometer ilícitos", sostuvo la fiscal.
La funcionaria del MPA también se refirió a la modalidad delictiva e informó que "las estafas que realizaban eran telefónicas. Llamaban a las víctimas desde celulares que ingresaban a la cárcel y las engañaban. Les hacían referencia a premios ganados; a la reparación histórica de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSÉS); a deudas ante a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); a préstamos o crédito preaprobados de diversas entidades bancarias y financieras", enumeró.
"A las víctimas se les indicaba un número de cuenta en la que debían hacer los depósitos o transferencias. Esas cuentas eran de personas que recibían los depósitos a sabiendas de su origen ilícito, retiraban el dinero del banco y luego entregaban personalmente a las personas que se encargaban de recaudar lo producido para su posterior división en los miembros de la banda", relató la fiscal.
Las víctimas
Urquiza también se refirió a las víctimas. "Hasta el momento tenemos un total de 33 personas que viven en los departamentos La Capital, San Justo, San Jerónimo y Las Colonias, quienes hicieron transferencias bancarias o pagos a través de la empresa Pago Fácil. No obstante, hay otras 50 denuncias más que estamos investigando, por lo que la cantidad de víctimas seguramente será mayor".
La fiscal también estimó el menoscabo económico sufrido por las personas engañadas y dijo que "el total aproximado por los 33 casos confirmados superar los tres millones de pesos, pero sin dudas será mayor a raíz de las otras denuncias que aún están en investigación".
Otros integrantes
La funcionaria del MPA también recordó que "la banda delictiva era integrada por al menos seis personas más que estaban en libertad y cumplían roles desde fuera de la cárcel".
En tal sentido, indicó que "un hombre de 42 años quedó en prisión preventiva; se avanzó en un juicio abreviado para un joven de 19 años; y una mujer de 27 años quedó en prisión preventiva domiciliaria. En relación a las otras tres personas, siguen siendo investigadas en libertad".