Un profesional de la salud de la localidad de San Jerónimo Norte quedó en prisión preventiva este miércoles en el marco de una causa que investiga una serie de abusos sexuales cometidos contra pacientes y que se tramita en la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA) del departamento Las Colonias.
Se trata de un hombre de 52 años, identificado como Miguel Ángel Marchisio, el cual permanecerá detenido en un establecimiento carcelario hasta tanto la causa avance a un juicio. La resolución estuvo a cargo del juez de la Investigación Penal Preparatoria, Leandro Lazzarini, el cual hizo lugar al pedido del fiscal del caso, Alejandro Benítez y María Celeste Minitti (del área de Violencia de Género, Familiar y Sexual).
En la audiencia, que duró cerca de tres horas, los fiscales sostuvieron los dos hechos de abuso atribuidos al profesional. Las denuncias fueron radicadas por la hermana y la mamá de sendas víctimas menores de edad, que fueron atendidas por el médico por cuadros clínicos en el Centro de Asistencia Médica de la localidad de San Jerónimo Norte.
El hombre fue detenido en su casa de la localidad el viernes e imputado como autor de los delitos de "abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante". Durante la audiencia de este miércoles, Minitti expuso ante el magistrado las evidencias que lograron colectarse en la investigación: historias médicas y libros de guardia que dan veracidad a lo denunciado, y especialmente testimonios de allegados a las víctimas, a quienes les relataron lo ocurrido.
Víctimas vulnerables
El juez Lazzarini dio por acreditados los hechos y la calificación legal seleccionada por la fiscalía, y al momento de fundamentar su decisión valoró especialmente el contexto de vulnerabilidad de ambas víctimas.
Los abogados defensores Martín Durando y Hugo Parma rechazaron la imputación y negaron la ocurrencia de los hechos. A pedido de la defensa, el médico imputado realizó un breve repaso por su carrera: egresado de la universidad en 1997; se radicó en San Jerónimo Norte desde el año 2001; donde comenzó a trabajar en el Centro de Asistencia Médico de la municipalidad.
Los hechos
Ambas jóvenes fueron atendidas varias veces en el CAM, por diferentes episodios: una de ellas por desvanecimientos, a veces vinculados con el exceso del consumo de bebidas alcohólicas, pero también registraba convulsiones cuyo origen es desconocido. En tanto, la otra de las jóvenes presenta episodios reiterados de crisis subjetivas y trastornos alimenticios.
Además, el juez remarcó que, a pesar de que ambas relataron lo ocurrido a sus allegados, encontraron reticencia en sus propias madres para denunciar lo relatado por sus hijas. Para Lazzarini, estas circunstancias de vulnerabilidad y de falta de contención o apoyo familiar de ningún modo les resta credibilidad al relato, sino que por el contrario, la declaración de cada una de ellas sustenta la palabra de la otra: en ambos casos los abusos denunciados ocurrieron en el contexto de una consulta médica, y en el mismo centro. Además ninguna de las dos chicas conocía el nombre del profesional que las atendió y lo identificaron con una descripción de su fisonomía.
En el consultorio
“No me lo esperaba de este profesional, porque lo conozco, pero me gustaría que quede preso. Pienso que es un peligro para la ciudad” advirtió la mamá de una de las jóvenes al juez durante la audiencia. “Que investiguen más, no quisiera que le pase lo mismo a otra, eso es de lo que más miedo tengo”, pidió la madre de la segunda víctima.
Las menores relataron que los abusos se dieron cuando estaban a solas con el médico. Ambas coincidieron en que si bien sentían que no se podían mover, sí fueron conscientes de los tocamientos y en el caso de una de ellas, de cómo el doctor le habló al oído.
Negaron la libertad
La defensa ofreció una serie de alternativas, entre ellas una caución patrimonial de un valor cercano a los 3 millones de pesos y la prohibición de ejercer la medicina durante el transcurso de la investigación, pero el juez Leandro Lazzarini consideró que no son suficientes para mitigar los riesgos procesales, sobre todo en vistas a la necesidad de que víctimas y testigos puedan declarar libremente, por lo que decidió dictar la prisión preventiva para el médico Miguel Ángel Marchisio.
Entorpecimiento probatorio
El juez se refirió al entorpecimiento probatorio, ya que los fiscales expusieron que cuando se solicitó la historia clínica de una de las víctimas, el Centro de Atención Municipal de San Jerónimo Norte en el que trabaja el imputado envió el archivo incompleto, omitiendo el mes en el que el Marchisio atendió a la adolescente. De hecho, la única manera de conseguir los documentos completos fue mediante allanamiento al efector público de salud.
El magistrado valoró la necesidad de preservar la tranquilidad de ambas víctimas, que aún deben declarar en cámara gesell. En los informes aportados por el área de niñez del municipio local consta que ambas expresaron temor a tener que enfrentarse con el profesional.
Fuente: Con información de Aire de Santa Fe y El Litoral.
